Antes de partir con rumbo a Francia, napoleón dejó a su hermano a cargo de las operaciones en España, mediante unas instrucciones impartidas en Valladolid, el 15 de Enero de 1809, sin embargo en la práctica, no sólo las operaciones militares, sino también el Gobierno e incluso la administración de las provincias ocupadas quedaría en manos de los mariscales. Independientemente de su origen, ya fueran nobles de cuna, burgueses o parte del pueblo, tenían varias cosas en común: por lo pronto eran fruto de las guerras revolucionarias en las que habían ascendido y triunfado gracias a su valor, habilidad o pura fortuna. Todos eran ambiciosos y tras las victorias del emperador en el centro de Europa comenzaron a lloverles ducados y principados que Napoleón les entregaba como premio a su comportamiento, pero tras el nombramiento de Murat como Rey de Nápoles su voracidad tuvo límites.
El Rey se quejó constantemente de las actitudes insolidarias de los mariscales, pero pronto quedó claro que Napoleón estaba dispuesto a gobernar de forma directa a través de ellos. El decreto de 8 de Febrero de 1810 por la que se demostraba a las claras la ambición del emperador de “reunir”, es decir, “anexionarse”, las provincias al norte del Ebro, demostró la poca importancia que daba al reino de su hermano. Igualmente decretos como el del diecisiete de Abril, que organizaba España en 38 departamentos al estilo francés, fueron ignorados en la práctica tanto por el emperador, que hacía y deshacía a su antojo, como por la forma de gobernar de mariscales como Scoult en Andalucía o Suchelt, en Valencia, que eran auténticos virreyes, que no se sujetaban a ninguna voluntad que no fuese la suya.
Para valorar el apoyo que tuvo el nuevo monarca lo primero que hay que tener en cuenta es la mayor parte de la población, vio en los josefinos o afrancesados la viva imagen de la traición. No es de extrañar que por lo tanto la Junta Central decretase el 24 de Abril de 1809 la pena de muerte para los colaboracionistas más destacados y que la población actuase a menudo con extrema violencia contra aquellos a los que capturaban. Sin embargo, esta visión tan habitual, debe ser matizada.
Por lo pronto había varios grados de sumisión al gobierno, pues si bien en principio fueron muchos los españoles afectados por el juramento solemne de obediencia al Rey José en cumplimiento al nuevo decreto del 1 de Octubre de 1808, que incluía a los funcionarios y empleados públicos, en diciembre se hizo extensible a los cabeza de familia de las zonas ocupadas. Esta situación forzó a los patriotas a distinguir sutilmente entre “juramentos”- aquellos que habían jurado solemnidad al rey intruso- y “afrancesados”- los que en verdad creían en el rey bonapartista- por lo que no es de extrañar que en algunos procesos celebrados tras en final de la guerra no fuese si quiera tomado en cuenta como acusación, ya que se sabía que en muchas ocasiones los juramentos y declaraciones de fidelidad se daban bajo amenaza o coacción insuperable. Los funcionarios, en su mayoría, realizaron durante la guerra una especie de afrancesamiento pasivo, prestando poca ayuda en realidad, a las fuerzas ocupantes y a la nueva administración que sabía perfectamente, que con la mayoría no podía contar.
No había mejor prueba de la poca importancia concedida a los juramentos que el hecho de que apenas unos 15.000 afrancesados huyesen con el derrotado ejército tras la batalla de Victoria, de los aproximadamente dos millones que en algún momento juraron fidelidad al Rey José, lo que demuestra que los verdaderamente comprometidos con la causa de Bonaparte en España, eran muy pocos, y de entre ellos destacaban los funcionarios, que por su tipo de trabajo podían ocasionar más daño a los ciudadanos, por lo que no era de extrañar que la mayor parte fuesen policías o empleados de Hacienda.
El rey José y su gobierno eran plenamente conscientes de que debían hacer si querían que su régimen se consolidase, era captar nuevos adeptos a la serie de reformas que deseaban imponer en España y que la conducirían, según creían ellos, por la senda de la libertad y la modernidad. Para ello era la primera medida fue el uso de la propaganda, obligando a la lectura, de los bandos y proclamas que se publicaban en las diferentes gacetas bajo control francés y en las que se exaltaban las virtudes del nuevo régimen. El éxito de este tipo de acciones fue muy limitado. Pronto se buscó un medio que permitiese a los afrancesados disfrutar de sus ventajas, que les confería su adhesión al rey José y su proyecto, por lo que se instituyeron premios y recompensas que les llevara aparejadas algún tipo de renta. Así nació la Cruz de la Orden Real de España. Que tenía un máximo de renta al año de 30.000 reales. Una suma bastante importante para la época. Esta distinción a la que los patriotas llamaban la “berenjena” fue la más codiciada, pero había más posibilidad de ascenso y promoción en la administración pública. Aún así es cierto que muchos “afrancesados” amasaron grandes fortunas en la guerra, destacando aquellos que ocuparon puestos claves en la administración. Por lo tanto fue una mezcla de miedo y esperanzas de subir en el escalafón o ascender socialmente lo que llevó a la mayor parte de los jurados a servir al rey José y a su administración, algo que se ve con claridad en el caso de los funcionarios y militares, en tanto que en el afrancesamiento real, el ideológico fue muy limitado y en general de un nivel socio-económico e intelectual bastante alto. En el clero no bajó casi nunca de canónigo y fueron importantes las ambiciones de algunos que veían la posibilidad de alcanzar un obispado y jansenistas y clérigos ilustrados que se mostraron de acuerdo con las medidas de abolición del santo oficio. Reducción de grandes órdenes religiosas y la creación de una iglesia nacional española al estilo de la Francia napoleónica. Los militares franceses hicieron algún esfuerzo en aparentar que respetaban las tradiciones religiosas españolas, pero apenas convencieron a nadie y el bajo clero estuvo toda la guerra dando ánimos y fuerza a los insurrectos y atizando la llama de la “guerra santa” contra los herejes, ateos y aliados del anticristo.
En el ámbito privado, las lógicas masónicas, se mostraron claramente favorables a la instauración del rey José, pero la francmasonería francesa que estuvo presente en España estaba muy vinculada al ejército imperial, y en ella no entraron españoles. Aunque influyó mucho en las logias españolas.
El Rey se quejó constantemente de las actitudes insolidarias de los mariscales, pero pronto quedó claro que Napoleón estaba dispuesto a gobernar de forma directa a través de ellos. El decreto de 8 de Febrero de 1810 por la que se demostraba a las claras la ambición del emperador de “reunir”, es decir, “anexionarse”, las provincias al norte del Ebro, demostró la poca importancia que daba al reino de su hermano. Igualmente decretos como el del diecisiete de Abril, que organizaba España en 38 departamentos al estilo francés, fueron ignorados en la práctica tanto por el emperador, que hacía y deshacía a su antojo, como por la forma de gobernar de mariscales como Scoult en Andalucía o Suchelt, en Valencia, que eran auténticos virreyes, que no se sujetaban a ninguna voluntad que no fuese la suya.
Para valorar el apoyo que tuvo el nuevo monarca lo primero que hay que tener en cuenta es la mayor parte de la población, vio en los josefinos o afrancesados la viva imagen de la traición. No es de extrañar que por lo tanto la Junta Central decretase el 24 de Abril de 1809 la pena de muerte para los colaboracionistas más destacados y que la población actuase a menudo con extrema violencia contra aquellos a los que capturaban. Sin embargo, esta visión tan habitual, debe ser matizada.
Por lo pronto había varios grados de sumisión al gobierno, pues si bien en principio fueron muchos los españoles afectados por el juramento solemne de obediencia al Rey José en cumplimiento al nuevo decreto del 1 de Octubre de 1808, que incluía a los funcionarios y empleados públicos, en diciembre se hizo extensible a los cabeza de familia de las zonas ocupadas. Esta situación forzó a los patriotas a distinguir sutilmente entre “juramentos”- aquellos que habían jurado solemnidad al rey intruso- y “afrancesados”- los que en verdad creían en el rey bonapartista- por lo que no es de extrañar que en algunos procesos celebrados tras en final de la guerra no fuese si quiera tomado en cuenta como acusación, ya que se sabía que en muchas ocasiones los juramentos y declaraciones de fidelidad se daban bajo amenaza o coacción insuperable. Los funcionarios, en su mayoría, realizaron durante la guerra una especie de afrancesamiento pasivo, prestando poca ayuda en realidad, a las fuerzas ocupantes y a la nueva administración que sabía perfectamente, que con la mayoría no podía contar.
No había mejor prueba de la poca importancia concedida a los juramentos que el hecho de que apenas unos 15.000 afrancesados huyesen con el derrotado ejército tras la batalla de Victoria, de los aproximadamente dos millones que en algún momento juraron fidelidad al Rey José, lo que demuestra que los verdaderamente comprometidos con la causa de Bonaparte en España, eran muy pocos, y de entre ellos destacaban los funcionarios, que por su tipo de trabajo podían ocasionar más daño a los ciudadanos, por lo que no era de extrañar que la mayor parte fuesen policías o empleados de Hacienda.
El rey José y su gobierno eran plenamente conscientes de que debían hacer si querían que su régimen se consolidase, era captar nuevos adeptos a la serie de reformas que deseaban imponer en España y que la conducirían, según creían ellos, por la senda de la libertad y la modernidad. Para ello era la primera medida fue el uso de la propaganda, obligando a la lectura, de los bandos y proclamas que se publicaban en las diferentes gacetas bajo control francés y en las que se exaltaban las virtudes del nuevo régimen. El éxito de este tipo de acciones fue muy limitado. Pronto se buscó un medio que permitiese a los afrancesados disfrutar de sus ventajas, que les confería su adhesión al rey José y su proyecto, por lo que se instituyeron premios y recompensas que les llevara aparejadas algún tipo de renta. Así nació la Cruz de la Orden Real de España. Que tenía un máximo de renta al año de 30.000 reales. Una suma bastante importante para la época. Esta distinción a la que los patriotas llamaban la “berenjena” fue la más codiciada, pero había más posibilidad de ascenso y promoción en la administración pública. Aún así es cierto que muchos “afrancesados” amasaron grandes fortunas en la guerra, destacando aquellos que ocuparon puestos claves en la administración. Por lo tanto fue una mezcla de miedo y esperanzas de subir en el escalafón o ascender socialmente lo que llevó a la mayor parte de los jurados a servir al rey José y a su administración, algo que se ve con claridad en el caso de los funcionarios y militares, en tanto que en el afrancesamiento real, el ideológico fue muy limitado y en general de un nivel socio-económico e intelectual bastante alto. En el clero no bajó casi nunca de canónigo y fueron importantes las ambiciones de algunos que veían la posibilidad de alcanzar un obispado y jansenistas y clérigos ilustrados que se mostraron de acuerdo con las medidas de abolición del santo oficio. Reducción de grandes órdenes religiosas y la creación de una iglesia nacional española al estilo de la Francia napoleónica. Los militares franceses hicieron algún esfuerzo en aparentar que respetaban las tradiciones religiosas españolas, pero apenas convencieron a nadie y el bajo clero estuvo toda la guerra dando ánimos y fuerza a los insurrectos y atizando la llama de la “guerra santa” contra los herejes, ateos y aliados del anticristo.
En el ámbito privado, las lógicas masónicas, se mostraron claramente favorables a la instauración del rey José, pero la francmasonería francesa que estuvo presente en España estaba muy vinculada al ejército imperial, y en ella no entraron españoles. Aunque influyó mucho en las logias españolas.
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